Los mitos con los que juega el gobierno chileno para hacer frente al COVID-19

Tras el aumento explosivo de los casos positivos por Coronavirus en los últimos días, y el consecuente anuncio de cuarentena total en las comunas urbanas de la capital nacional, ha sido posible apreciar un leve cambio en la política comunicacional del gobierno. Así, al momento de escribir esta columna, tanto el presidente como el ministro de salud han declarado públicamente que afrontar la pandemia envuelve un esfuerzo común tanto del gobierno como de la ciudadanía.

A pesar de que el giro adoptado podría ser considerado como algo positivo, ambas autoridades, y otros bajo su dirección (ej., el subsecretario de redes asistenciales), se han mantenido en su labor sin realizar una autocrítica profunda a su gestión frente a la pandemia. Así, las autoridades han seguido operando bajo un enfoque que pone excesivo énfasis en atribuir los problemas derivados de la pandemia a conductas individuales (ej. ‘la gente no coopera’) e implementar medidas coercitivas como principal solución (ej., toques de queda y un mayor despliegue de militares en las calles). En otras palabras, las autoridades siguen responsabilizando a la población general de no cumplir con las medidas adecuadas para evitar nuevos contagios. Lo anterior ignora, que son esas mismas autoridades las principales responsables de no haber generado las condiciones necesarias para que la gente confíe y adhiera a las medidas preventivas propuestas.

Sin lugar a duda, la lista de ‘errores comunicacionales’ del gobierno es larga. La utilización de conceptos ambiguos como ‘nueva normalidad’, ‘el retorno seguro’, y las escasas medidas dirigidas a sectores específicos de la población, con bastante seguridad han inducido a que las personas puedan pensar que el COVID-19 no es algo tan riesgoso después de todo, y que medidas como el distanciamiento social no son tan necesarias.

Por otra parte, para muchas personas el reciente llamado de las autoridades a establecer confianzas con la población general podría resultar difícil de creer por dos razones. En primer lugar, la persistencia de dos mitos (pánico y desorden social) en el discurso del gobierno para explicar la conducta de las personas frente a la emergencia del COVID-19. En segundo lugar, el ensalzamiento de las autoridades gubernamentales cómo figuras que no deben ser blanco de crítica alguna.

El primero de los mitos mencionados más arriba, pánico, asume que ante una emergencia la personas se comportarían de forma irracional y velarían únicamente por sus intereses individuales. Adicionalmente, también se consideraría necesario tratar a las personas como agentes pasivos que deben limitarse a seguir la opinión de los ‘expertos’ para evitar ‘difundir el miedo’. Aún cuando se ha demostrado en reiteradas ocasiones que frente a emergencias el pánico es más la excepción que la norma, el gobierno ha persistido en mantener este mito como paradigma de su gestión de la crisis. Consecuentemente, hemos sido testigos de la puesta en escena de un liderazgo altamente jerarquizado, marcado por falta de transparencia en la entrega de datos a la población general, y la inclusión ‘forzada’ de otros actores sociales como agentes consultivos para hacer frente a la pandemia (ej. Mesa Social COVID-19, COLMED, y alcaldes).

El segundo de los mitos, el desorden social, asume que durante la emergencia aflora lo peor de las personas. Esto contemplaría la imposibilidad de que las personas sigan las normas básicas de convivencia, así como también las regulaciones propuestas por las autoridades, hasta llegar a conductas delictivas como saqueos y vandalismo. Esto se ha visto claramente reflejado en la insistencia del presidente Piñera en usar términos despectivos como el de ‘pandemia social’, además de apostar por establecer toques de queda, incrementar sustantivamente la cantidad de uniformados en las calles, y ampliar las facultades otorgadas a los jefes de la defensa bajo el estado de emergencia. Todo esto, por supuesto, sin considerar las limitaciones prácticas y político-éticas de mantener a todo el país bajo vigilancia militar en un régimen democrático.

A lo mencionado más arriba, se suma la falsa creencia de que las autoridades serían inmunes a estos mitos. O sea, serían personas capaces de mantener ‘la cabeza fría’ y alejados de las problemáticas que afectarían al resto de la población. Desafortunadamente, esta postura ha sido defendida por académicos y líderes de opinión que sienten estar en esa misma posición, así como también por partidarios del gobierno que dejan entrever que estar en desacuerdo con las medidas anunciadas equivale a querer hacer fracasar la gestión gubernamental. En otras palabras, se ha tratado de promover a ciertas autoridades a la categoría de intocables, limitando así la autocrítica a la gestión realizada y el diálogo con otros actores sociales claves para enfrentar la crisis.

Considerando lo anterior, más que un cambio de tono a nivel comunicacional, lo que se requiere es un cambio en la gestión de la emergencia. Este cambio debe estar centrado en que las autoridades asuman una responsabilidad activa en establecer las condiciones necesarias para que la población general pueda adherir a medidas preventivas, el derribo de los mitos anteriormente señalados, y el ejercicio de un liderazgo basado en la cooperación activa con agentes no estatales. Esto, debe ser complementado con campañas comunicacionales masivas siguiendo los lineamientos de expertos internacionales en cambio conductual, los que pueden resumirse en cuatro ejes fundamentales: mensajes claros y directos sobre lo que hay que hacer dirigidos a sectores específicos de la población; énfasis en el esfuerzo colectivo; evitar mensajes autoritarios; y no recurrir a mensajes que induzcan al miedo o al rechazo hacia grupos específicos de la población (ej. inmigrantes).

Indudablemente, el cambio en la gestión de la emergencia y los lineamientos comunicacionales no solo serán importantes en el futuro inmediato, sino que también en etapas posteriores. De esta forma, las autoridades tendrán que asegurar la adhesión a medidas preventivas en contextos de vulnerabilidad económica, para evitar la ocurrencia de rebrotes, y/o en caso de que el virus se vuelva endémico. La pregunta final es por tanto, ¿es el ministro Mañalich la persona idónea para liderar los cambios que se requieren? Por lo que se ha demostrado hasta el momento, la respuesta está lejos de ser afirmativa. Los cambios señalados en esta columna requieren de una alta dosis de legitimidad institucional, que no solo pasa por tomar medidas eficientes, sino que también por que las personas perciban que esas medidas son justas para todos, y que sea posible sentirse identificado con quiénes ocupan posiciones de liderazgo, condiciones que la actual gestión se encuentra muy lejos de satisfacer.

© 2020 by Patricio Saavedra

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