Las autoridades políticas: Actores clave en el escalamiento de la violencia de protesta

La semana pasada, miles de colombianos salieron a las calles para protestar, entre otras causas, en contra de una propuesta de reforma tributaria cuyo costo recaería mayormente sobre los bolsillos de personas naturales. Aunque el pasado domingo el gobierno decidió retirar la controvertida propuesta, este 'triunfo' de los manifestantes sólo tuvo lugar después de una feroz escalada de violencia que registró varios muertos y denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de ese país. De hecho, al momento de escribirse esta columna las protestas aún persisten.


Si bien la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, importantes focos de violencia como enfrentamientos con la policía, disturbios, y saqueos tuvieron lugar en diversas ciudades colombianas. Guardando las proporciones, se registraron hechos no muy diferentes a los que tuvieron lugar en nuestro país después del 18 de octubre de 2019.


Por una parte, la investigación psicológica ha establecido que las inequidades estructurales de una sociedad pueden actuar tanto como catalizadoras de la participación en protestas, así también como combustible que permitiría su mantención en el tiempo. Eso, en parte podría explicar la persistencia de las protestas tanto en el caso colombiano como en el chileno.


Por otra parte, se ha sostenido que los principales catalizadores de la violencia de protesta serían distintos a los mencionados más arriba. En particular, se ha comprobado que la calidad de la interacción entre manifestantes y autoridades sería el factor clave que ayudaría a disminuir la probabilidad de que determinados actos de violencia se expandan y ganen legitimidad tanto entre manifestantes como entre la población general.


Concretamente, y más allá de la respuesta a demandas particulares, desde la investigación se puede sostener que mientras las medidas tomadas por las autoridades se perciban como restricciones al derecho a protestar y se basen en el supuesto de que todas las grandes agrupaciones de manifestantes son peligrosas, irracionales, e intrínsecamente violentas, más probable será que las personas perciban a las autoridades como antagonistas a los que es necesario confrontar. Lo anterior, daría pie a escaladas de violencia cada vez más difíciles de gestionar, donde actos de brutalidad policial y medidas de fuerza como enviar al ejército a realizar tareas de orden público podrían tener dos graves consecuencias. En primer lugar, que más personas sientan la necesidad de manifestarse, no sólo para protestar en favor de demandas particulares, sino que también con el objetivo de enfrentar directamente a las autoridades producto de la indignación que pueden generar las acciones de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, la violencia de protesta, bajo la fórmula de actos de auto-defensa en contra del abuso policial, podría rápidamente ganar adeptos no sólo entre los manifestantes sino también entre la opinión pública que no participa de las manifestaciones. Esto último podría explicarse tanto por la generación de lazos de solidaridad con aquellos que se encuentran en las calles como también por la posibilidad de que las personas manejen ideas contradictorias entorno a la justificación de la violencia de protesta. En consecuencia, la (des)legitimización de la violencia de protesta (contra la policía e infraestructura pública) no respondería a una regla universal ni sería incondicional (ó 'venga de donde venga'), sino que más bien se establecería de acuerdo a las condiciones que enfrentan los manifestantes, y por tanto, a cómo las las autoridades configuran las circunstancias en que se llevan a cabo las manifestaciones.


Tomando en cuenta lo planteado más arriba, es, esencialmente, deber de las autoridades evitar el escalamiento de la protesta de violencia mediante la revisión activa de los protocolos que siguen las policías en las calles; evitando los discursos que criminalizan las acciones de los manifestantes; y familiarizándose con dos principios fundamentales que deben estar a la base de la gestión de eventos masivos en general, y de las protestas en particular. Primero, los actos de violencia al interior de las multitudes no son irracionales. De hecho, éstos en su mayoría son selectivos y siguen patrones de conducta identificables. Segundo, la violencia de protesta no surge ni se 'alimenta' únicamente del actuar de grupos o personas 'radicalizadas', sino que esencialmente se constituye a partir de la calidad de la interacción entre manifestantes y autoridades (gobierno y la policía), y cómo ésta es evaluada por la opinión pública.


Para finalizar, es necesario dejar en claro que tanto la criminalización de las manifestaciones, las restricciones al derecho de protesta, y la tendencia de las autoridades a escalar la violencia de protesta no son exclusivos de gobiernos que se identifican con un sector político en particular. Las graves violaciones a los derechos humanos que por estos días la dictadura en Myanmar sigue cometiendo contra manifestantes pacíficos, y las vergonzosas acciones llevadas a cabo por la dictadura China para suprimir las protestas en Hong Kong y purgar cualquier acto de disidencia política son vividos ejemplos de ello.


Dr Patricio Saavedra Morales

Profesor Asistente

Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de O'Higgins




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